México: PRD, el cómplice

No son hechos aislados. En México ya vivimos el regreso de las peores prácticas de tortura y desaparición forzada por policías y militares.

Laura Castellanos

En pleno Congreso refundacional, el PRD debe discutir por qué se convirtió en un armatoste electoral y corporativo que niega representatividad, e incluso combate, a movimientos sociales y a grupos beligerantes.

¿Ejemplos? Muchos. Mientras en el DF el partido polemiza sobre la renuncia de Ruth Zavaleta y el futuro de Iztapalapa por la figura de Juanito, en territorio nacional diversas movilizaciones populares rebasan por la izquierda al PRD, y por ende al PT y a Convergencia. Luchan por la defensa de los manglares, el despojo de tierras, los derechos indígenas, y en contra de las semillas transgénicas, la crisis alimentaria, los feminicidios, la penalización del aborto, la violencia de Estado, las empresas mineras extranjeras que devastan el medio ambiente. Así acontece con el admirable Frente Amplio Opositor en San Luis Potosí, que tras una década de activismo y enfrentar un proceso jurídico corrompido contra la minera canadiense San Javier/New Gold, no se doblega.

En el campo asesinan a líderes campesinos e indígenas. En días pasados Mariano Abarca Roblero, luchador social contra la minera canadiense Black Fire en Chiapas, y Miguel Pérez Cazales, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en Morelos, fueron ejecutados. El indígena morelense fue torturado.

No son hechos aislados. En México ya vivimos el regreso de las peores prácticas de tortura y desaparición forzada por policías y militares. Y no lo digo yo. Raúl Plascencia, flamante presidente de la CNDH, declaró a la prensa que así lo tienen documentado.

En el PRD tampoco hay asomo de reflexión o análisis serio de lo que pasa con los grupos radicales, guerrilleros, anarquistas, sobre los que hay una fuerte persecución en el país. En el DF, por ejemplo, Marcelo Ebrard tachó de “vándalos” a las células de jóvenes ecoanarquistas que sabotean cajeros bancarios y negocios transnacionales. Se trata de un fenómeno social creciente en Latinoamérica contra el sistema capitalista que explota humanos y arrasa con la naturaleza.

Chiapas y Guerrero, gobernados por el PRD, son acusados de represión social. El gobierno de Juan Sabines detuvo en días pasados a José Manuel Hernández Martínez, de la Organización Campesina Emiliano Zapata. En un informe que filtró a Reforma, su gobierno lo acusó de preparar una insurrección local para 2010 aliado a guerrillas y al narco. Un absurdo. Y el EZLN acusa a Sabines de operar paramilitares en su contra, y a perredistas de agredir a sus bases e invadir sus tierras.

En Guerrero, Zeferino Torreblanca enfrenta al movimiento de comuneros que se opone al despojo de sus tierras para la construcción de la presa La Parota. También acosa a las policías comunitarias de la región de la Montaña. Recientemente, la cabeza visible del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Omar Guerrero Solís, Ramiro, fue liquidado en Tierra Caliente en un operativo militar antinarco. La Procuraduría del estado difundió que Ramiro era colaborador del cártel de los Beltrán Leyva. Tal acusación la negó el ERPI, y denunció que los gobiernos estatal y federal activaron células de narcoparamilitares para perseguir guerrilleros.

Podrá decirse que Torreblanca y el ex priísta Sabines actúan por su cuenta. Pero ni el PRD nacional encabezado por Jesús Ortega, ni ninguno de sus dirigentes, incluidos tanto legisladores como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, condenan o se desmarcan de sus actuaciones. ¿La dirigencia del PRD haciéndole el trabajo sucio a Felipe Calderón? Vaya. El PRD olvidó hace ya muchos años que fue el heredero de las luchas sociales más trascendentes y reprimidas del siglo XX. Borró de su memoria la sangre y los cientos de muertos y desaparecidos que tuvo por costo que la izquierda pudiera ser votada en México.

El mensaje de la oligarquía a los movimientos radicales es que no es posible hacer los cambios por la vía electoral y legal. El mensaje de la izquierda electoral es que vive para repartirse cuotas y dinero. Luego ambos hacen un coro que alarma contra estallidos sociales y justifica una mayor represión.

Si la dirigencia del partido no asume su legado y se acerca a los variados movimientos populares, seguirá siendo cómplice de la criminalización social del Estado. Y todo indica que ésta irá en aumento. Qué furia. Qué indefensión.

TOTALMENTE DE ACUERDO ANDRES MANUEL DEBE Y TIENE QUE DESMARCARSE Y CONDENAR LAS ACTUACIONES DE LA "IZQUIERDA" (PRD),  ES EL UNICO LIDER OPOSITOR AL SISTEMA, CUAUHTEMOC NO, NO ES NI LIDER NI OPOSITOR, SE LO DEJAMOS A NUEVA IZQUIERDA.