Ilegal e inmoral, pero no impune

Silvia Ribeiro

La Jornada

Contra viento y marea, en medio de innumerables críticas e irregularidades, el gobierno aprobó hasta el 27 de octubre, 22 siembras experimentales de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer Hi Bred (esta última, propiedad de DuPont).

Estas tres empresas acaparan cerca de 40 por ciento del mercado global de semillas en general y más del 90 por ciento del mercado global de semillas transgénicas. Su avance en México en algo tan central como el maíz significa entregarles en bandeja las raíces, la historia y la soberanía alimentaria del país.

Esos experimentos cubrirían en total unos 120.000 metros cuadrados –área suficiente para provocar una debacle de contaminación transgénica en el maíz campesino y nativo de México– distribuidos en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. Otras solicitudes de las trasnacionales que están en proceso pretenden permisos para liberación en Jalisco, Cohauila y Durango, y van por más. Es ignominiosa (y fuertemente criticada incluso por muchos de sus propios investigadores, a los cuales se ha ignorado) la colaboración que reciben estas trasnacionales de organismos públicos como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que les brindan sus centros para experimentar. Además es paradójica, ya que el avance de las trasnacionales en el mercado semillero, apunta justamente a que instituciones públicas como el INIFAP desaparezcan. A algunos miembros de esta institución les parece mejor servirles desde ya, mal usando recursos y patrimonio públicos, quizá para ver si con el avance de la privatización les caen algunas migajas por el favor.

Ante esta situación, ha habido múltiples respuestas y más vienen en camino. En Chihuahua, organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas anunciaron que no permitirán las siembras aún si para ello tuvieran que destruir las parcelas experimentales. En otros lugares ha habido bloqueos y protestas locales. En muchas partes se discuten y planean acciones.

Greenpeace (además de otras acciones, como colgar una gran pancarta en el Ángel de la Independencia con el texto Maíz transgénico-fin de la independencia) hizo una revisión exhaustiva de la legalidad de estas decisiones y presentó un recurso de revisión, demandando su anulación. En los documentos presentados (disponibles en www.greenpeace.org.mx), muestran cómo las instancias de gobierno violan varias leyes, incluida la de bioseguridad. Por ejemplo, no indican las fechas en que fueron otorgados los permisos, ni quiénes fueron los responsables de otorgarlos (en ambos casos, seguramente porque saben que es un crimen de lesa humanidad y pretenden ocultarse en la generalidad de las instituciones), tampoco dan la identificación precisa de los agricultores cooperantes en cuyos terrenos se realizarán las siembras; la ubicación de las parcelas es imprecisa o incluso falsa, y las coordenadas geográficas no coinciden con los predios presentados en las solicitudes de las empresas. El gobierno está obligado por ley a entregar todos estos datos al público, pero temen las consecuencias que les traería darlos a conocer.

Más grave aún, en ningún lugar detallan nada menos que la finalidad de tales actividades ni la medidas de bioseguridad, control y emergencia que se aplicarían. Al parecer, hasta los propios funcionarios saben que el experimento no tiene sentido en sí mismo –es apenas una formalidad– y que las medidas de bioseguridad son una farsa vergonzosa, que no podrán garantizar que no haya contaminación del maíz nativo, producto de 10 mil años de culturas y trabajo colectivo. Es increíble que tamañas decisiones hayan sido anunciadas al público a través de escuetos boletines de prensa, donde los funcionarios esbozan generalidades como que cumplieron con la ley y que habrá bioseguridad. Documentos que comprueben tales afirmaciones: ninguno.

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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=94745&titular=ilegal-e-inmoral-pero-no-impune-