El ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia obtuvieron un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
MALDITOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA, TIENEN CARGOS EN EL GOBIERNO Y NEGOCIOS PRIVADOS, ASI COMO LOS DUEÑOS DE LAS GUARDERIAS, FAMILIARES DE LOS QUE ESTAN EN EL PODER, CLARO EJEMPLO DE UN SISTEMA CORRUPTO Y EN DETERIORO.
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