ANALISIS DE LA REVISTA PROCESO

PARTE 2

PRESIONES DE LA FAMILIA

Contrario a lo señalado por la PGR de que el operativo fue resultado de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios del estado con el narcotráfico, por lo menos desde febrero de 2008 el gobierno federal ya sabía de las presiones de los narcotraficantes, en particular de la Familia michoacana, a una veintena de alcaldes.
Según el coordinador del PRD en el senado, Carlos Navarrete, fue el propio Godoy quien le entregó esa información al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.
En entrevista con proceso, el senador relata que al inicio del actual gobierno una veintena de alcaldes del PRD, el PAN y el PRI, también recién electos en ese momento, fueron levantados por La Familia y concentrados en un salón de Nueva Italia, en la cabecera del municipio de Múgica.
Rodeados por gente armada y numerosas camionetas, fueron advertidos: “Los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan: Los directores de seguridad publica nosotros los vamos a poner. En seguida refiere el senador, vino la amenaza: “No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familia”
Uno de los alcaldes amenazados- cuya identidad no fue revelada por el legislador- le contó lo sucedido al gobernador, quien le pidió al entonces presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que buscara una entrevista con el general Galvan.
El encuentro se realizo en el campo militar numero 1 con la presencia de Godoy, Naranjo, Navarrete y el coordinador del PRD, en la cámara de Diputados Javier González Garza. De la Sedena, el general fue el único participante, en tanto que Godoy fue el encargado de relatar los hechos y solicitar la intervención de la secretaría.
De acuerdo con Navarrete, el general aseguró que el ejercito ya sabía de esa reunión y que el reporte de Godoy reforzaba los informes que hasta entonces tenía.
Acordaron que se coordinarían a través de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingan, y de la 21 zona Militar, en Morelia. Nada ocurrió hasta la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando supuestos narcotraficantes- zetas, según la PGR arrojaron dos granadas contra la multitud que celebraba el Grito de Independencia en el centro Histórico de esta capital.
El ataque, que después de ocho meses no ha sido esclarecido por la PGR, dejó nueve muertes y más de un centenar de heridos colocó al gobierno de Godoy en un lugar destacado en los informes de los organismos de seguridad sobre el narcotráfico en la entidad, según constató Proceso en su edición 1164 del 21 de septiembre de 2008.
El senador del PRD, por Michoacán, Jesús Garibay García, asegura también en entrevista que en ese momento Calderón consideró decretar el estado de excepción en la entidad para suspender las garantías individuales y militarizar la entidad.
“Pocos días después del atentado, el entonces Secretario de Gobernacion, juan Camilo mouriño, acudió al congreso como parte de la Glosa del segundo informe de gobierno y negó que el gobierno federal hubiera considerado esa opción, pero la información que tuve en ese momento era solidamente la contraria. Aún ahora, lo sostengo, dice el Senador.
Godoy, quien fue Secretario de Gobierno, con Cárdenas Batel, en momentos en que se recrudeció el narcotráfico en la entidad, está ahora atrapado entre las presiones del perredismo local que quiere movilizarse en contra de Calderón y la información sobre la supuesta relación de algunos de sus más cercanos colaboradores con el narcotráfico, en especial con La Familia.
En unas cuantas horas, Godoy pasó de la indignación a la búsqueda de reconciliación con el gobierno federal. Inicialmente molesto porque Calderon no le informo sobre el operativo y violentó uno de los tres poderes del estado, en menos de 48 horas pidió “Dar vuelta a la pagina” sobre la redada.
Aunque el mismo martes 26 públicamente aseguró que se trataba de un hecho ilegal que violó la soberanía del estado, el jueves 28 pidió en Guanajuato cerrar la controversia, “Porque la federación y Michoacán no pueden estar confrontados”. Un día antes, ya había expresado su tibieza ante el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, al calificar el operativo como “necesario” y “un gran golpe” a la delincuencia organizada.
Vulnerabilidad
El ánimo conciliatorio del mandatario michoacano contrastó con el mensaje del encargado de la política interior del país, quien en Morelia, el miércoles 27, dejó en claro que si no habían compartido la información fue porque no confían en Godoy. “Yo sólo confío en la ley y el gobierno”, expresó Gomez Mont a la prensa al final de un breve encuentro con el gobernador, el pretexto de la reunión fue la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En una respuesta pública a los primeros reclamos de Godoy, Gómez Mont, dijo: “Se determinó confinar la información para que la acción judicial tuviera menos riesgos” para la población. Esa actitud contrastó con lo ocurrido en Morelos, donde el gobierno panista fue avisado de la detención de dos alcaldes.
En una confirmación de su ambivalencia, la tarde del viernes 29, luego de conocer el arraigo contra los detenidos, el gobernador dijo que esa acción judicial “sin duda tiene tintes electorales y levanta sospechosimo”
Godoy está en una situación vulnerable. No sólo porque siete de los detenidos fueron cercanos o estrechos colaboradores suyos, sino porque su hermano Julio Cesar Godoy, es candidato por el distrito federal I con cabecera en Lázaro Cardenas, que abarca los municipios considerados por la PGR como focos rojos del narcotráfico en el estado.
El hermano del gobernador fue detenido por el ejército durante el operativo y, según el mismo, declaró durante una hora ante las autoridades federales. Apenas el 7 de abril pasado su compañero de fórmula, Gustavo Bucio Rodríguez, fue ejecutado en un restaurante de Nueva Italia, zona controlada por La Familia.
Tres de los arraigados fueron hombres de confianza de Godoy en PGJE, en una de las dependencias más infiltradas por la delincuencia organizada; el titular, Miguel García Hurtado; el ex subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, y el coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce. La PGJE prácticamente quedó desmantelada con la detención también de dos primeros comandantes y dos jefas de grupo.
Más cercana aún era su asesora Citlali Fernández González quien fue su primera Secretaria de Seguridad Pública, otra de las instituciones penetradas por el narcotráfico. También Mario Bautista Ramirez, director del Instituto Estatal de Formación Policial y Transito del estado.
Otro de los detenidos del entorno del gobernador fue el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de fomento industrial de Michoacán, expresidente del consejo coordinador empresarial del estado y sobre quien pesan señalamientos de lavado de dinero. También fue detenido Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Direccion de gobernación estatal, para cuya aprehensión la policía Federal entró a la fuerza al Palacio de Gobierno.
De los presidentes municipales detenidos, seis son del PRI, dos del PAN y dos del PRD. Se trata de los priistas José Cortés Ramos, de Aquila; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Audel Méndez Chávez de Coahuayana y Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec, hermano del Abuelo Farías, señalado por la PGR como miembro del cártel de los Valencia y proveedor de efedrina del empresario de origen chino Zhenli Ye Go.
También del PRI está Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatío; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitacuaro, conocido como el “Enrique Peña Nieto purépecha” por su juventud y cercanía con el gobernador mexiquense; además de ser sobrino del actual diputado federal priista Ascencio Orihuela Bárcenas.
Del PRD, fueron detenidos Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buena Vista Tomatlan y Genaro Guízar Valencia, de Apatzingan; mientras que los presidentes municipales panistas arraigados son José Luis Ávila Franco, de ciudad Hidalgo, Y Antonio González Rodríguez, de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán.